Nos enfrentamos a otra aberración jurídica. El Gobierno se mantiene en desacato. La Corte ordenó proceso licitatorio justo, no contratación directa. El Decreto 267 de 1969, por el cual se establece un régimen jurídico especial para el otorgamiento de concesiones mineras en la zona de yacimientos de Petaquilla, Botija y Río del Medio, vigente nuevamente tras el fallo de la Corte Suprema de 2017, exige que haya concurrencia de interesados. Los numerales 5 y 6 del artículo 257 de la Constitución Política exigen que las concesiones mineras se otorguen conforme a la Ley. Adicionalmente, mientras se completa la aprobación del nuevo contrato la mina continúa operando sin un contrato vigente. Exigimos al Ministerio Público intervenir de inmediato.

Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería